Los paraísos fiscales (conocidos en inglés como “Tax Havens”) son territorios o países que ofrecen beneficios fiscales y financieros a individuos y empresas extranjeras, tales como bajos impuestos o la falta de regulaciones financieras estrictas. Estos territorios a menudo tienen una regulación laxa o inexistente en términos de transparencia y cooperación internacional en materia fiscal, lo que puede facilitar la evasión de impuestos y la elusión fiscal, aunque no necesariamente deba ser así.
¿Cómo se regulan los paraísos fiscales?
La regulación de los paraísos fiscales varía según el país o territorio en cuestión. En España, la regulación de los paraísos fiscales se rige principalmente por la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que incluye una lista de territorios considerados como paraísos fiscales. Las empresas españolas están sujetas a restricciones y regulaciones específicas cuando realizan transacciones con estos territorios, como la obligación de informar sobre las operaciones realizadas con residentes en paraísos fiscales.
A nivel europeo, la Unión Europea (UE) ha implementado medidas para combatir la evasión y el fraude fiscal, incluyendo la creación de una lista de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal, que incluye a varios paraísos fiscales. Sin embargo, estas medidas no son vinculantes y su efectividad ha sido objeto de debate.
¿Traslado mi residencia a un paraíso fiscal?
Trasladar la residencia a un paraíso fiscal tiene inevitablemente implicaciones fiscales, tanto positivas como negativas. Por un lado, puede haber beneficios en términos de una carga fiscal reducida, como tasas impositivas más bajas o exenciones fiscales. Sin embargo, también puede haber consecuencias negativas, como la pérdida de beneficios fiscales en el país de origen y el riesgo de ser considerado un evasor fiscal.
Algunos países que no son considerados como paraísos fiscales pueden tener regulaciones poco colaborativas en términos de cooperación internacional en materia fiscal. Esto puede implicar la falta de transparencia en la información financiera o la falta de intercambio de información con otros países en el marco de acuerdos internacionales para prevenir la evasión fiscal.
El traslado de residencia a un paraíso fiscal puede tener beneficios para empresas y personas en términos de reducción de la carga fiscal, mayor confidencialidad financiera, flexibilidad en la estructuración de negocios y mayor privacidad en la gestión de activos.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la evasión fiscal y la elusión fiscal son prácticas ilegales en muchos países y pueden tener consecuencias legales y financieras graves. Además, las regulaciones fiscales y financieras están en constante evolución y es fundamental cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en cada jurisdicción.
Ten en cuenta que las personas físicas de nacionalidad española que acrediten su nueva residencia en un paraíso fiscal, seguirán teniendo la condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tanto en el período impositivo en el que efectúen el cambio de residencia como en los cuatro períodos impositivos siguientes.
Asimismo, la Administración Tributaria podrá presumir que una empresa que se encuentre establecida en algún país o territorio de nula tributación, o considerado como paraíso fiscal, tiene su residencia en territorio español cuando sus activos principales, directa o indirectamente, consistan en bienes situados o derechos que se cumplan o ejerciten en territorio español, o cuando su actividad principal se desarrolle en este, salvo que dicha entidad acredite que su dirección y efectiva gestión tienen lugar en aquel país o territorio, así como que su constitución y operativa responden a motivos económicos válidos y razones empresariales sustantivas diferentes de la simple gestión de valores o activos.
¿Cómo se acredita la residencia fiscal?
La residencia fiscal se acredita mediante certificado expedido por la Autoridad Fiscal competente del país de que se trate.
No obstante, ten en cuenta que una persona puede tener permiso de residencia o residencia administrativa en un Estado y no ser considerada residente fiscal en el mismo.
Desde mi propia experiencia, si bien en Andorra, el servicio de inmigración realizaba ocasionalmente y sin aviso previo, inspecciones aleatorias a residentes que ejercieran una actividad por cuenta propia y que estuvieran en sus primeros dos años de actividad, de cara a verificar la efectiva residencia del contribuyente y poder renovar o revocar el permiso de residencia, la Administración Tributaria andorrana emitía certificados de residencia fiscal a toda persona que tuviera permiso de residencia vigente o aquellos que dispusieran de pasaporte andorrano, siendo indiferente la efectiva residencia del mismo en el Principado de Andorra.
Criterios de la OCDE para calificar a un territorio como paraíso fiscal
Según la OCDE, hay cuatro factores que se usan para determinar si una legislación se considera un paraíso fiscal.
El primer factor es si la legislación no impone impuestos o si los impuestos que se imponen son muy bajos. La OCDE reconoce que cada país tiene derecho a decidir si impone impuestos directos, pero si no hay impuestos directos, se utilizan los otros tres factores para determinar si una legislación es considerada un paraíso fiscal.
El segundo factor es la falta de transparencia en la legislación. Si las leyes o prácticas administrativas no permiten el intercambio de información para fines fiscales con otros países en relación con los contribuyentes que se benefician de los bajos impuestos, se considera que existe falta de transparencia.
El tercer factor es si se permite a los no residentes aprovechar las reducciones fiscales, incluso si no realizan actividades económicas o de inversión en el país.
Finalmente, una característica distintiva de un paraíso fiscal es la presencia de dos regímenes fiscales diferentes y legalmente separados en el mismo territorio. Los residentes y las empresas locales están sujetos a impuestos como en cualquier otro país, pero los no residentes pueden aprovechar las ventajas fiscales y, en general, tienen prohibido realizar cualquier actividad económica o de inversión dentro del territorio del paraíso fiscal.
¿Es efectivo el control y las medidas mundiales tomadas por las organizaciones y países para evitar la evasión fiscal?
La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional manifestó en 2020 a raíz del caso Mauritius Leaks, que la OCDE había fracasado en la lucha contra la evasión fiscal y sentenciaba que Mauricio, igual que muchas otras jurisdicciones integrantes de la OCDE, afirmaba cumplir con las reglas y los estándares internacionales para evitar ser acusado de falta de cooperación. Sin embargo, este cumplimiento resultaba en la práctica simulado, es decir, solo existía en apariencia, y en realidad, no se estaban aplicando las reglas de manera efectiva.
Dicha Comisión manifestó que algunos países de la OCDE como Irlanda, Luxemburgo, Suiza e incluso el Reino Unido, diseñaron el juego y sus reglas, y no son denunciados por la OCDE ni por la Unión Europea. En otras palabras, estos países están aprovechándose de las mismas ventajas fiscales que Mauricio, pero no están siendo señalados por ello.
Intercambio automático de información y secreto bancario
El sistema de intercambio de información entre países de la OCDE, conocido como Common Reporting Standard (CRS), es un importante mecanismo para luchar contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales a nivel internacional. Sin embargo, el CRS presenta ciertos inconvenientes que deben ser solucionados para asegurar su eficacia.
Uno de los principales problemas del CRS es que no existe un sistema homogéneo de asignación de códigos de identificación legal, lo que dificulta la identificación inequívoca de los titulares de la información intercambiada.
Otro problema que debe ser abordado es la falta de reciprocidad en el intercambio de información. El sistema FATCA de los Estados Unidos, que recopila información sobre sus contribuyentes en el extranjero, presenta un vacío geográfico que permite a los no residentes en los Estados Unidos mantener activos en ese país protegidos por el secreto, convirtiendo a los Estados Unidos en un gran paraíso fiscal.
En este sentido, para asegurar la eficacia del sistema de intercambio de información es necesario abordar estos problemas y mejorar tanto el CRS como el sistema FATCA de los Estados Unidos. Solo así se podrá garantizar la transparencia y la eficacia en la lucha contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales a nivel internacional.
Por otra parte e independientemente de qué países son considerados como paraísos fiscales y cuáles no, listado que por cierto difiere notablemente según quien emita el mismo, hay numerosos territorios que no reciben la calificación de paraíso fiscal pero que no cooperan o tienen una disposición menos colaborativa con administraciones extranjeras o cuyos bancos de dicho país pueden y prefieren asumir multas por cuenta del cliente con el fin de no intercambiar información bancaria de determinados clientes a administraciones extranjeras.
Artículo escrito por:
José Pérez-Fuster
Senior tax manager
jose.perezfuster@metricson.com
Sobre Metricson
Metricson es una firma pionera en servicios legales para empresas innovadoras y tecnológicas. Desde su nacimiento en 2009, ha asesorado a más de 1.400 empresas de 14 países distintos, incluyendo startups, inversores, grandes corporaciones, universidades, instituciones y gobiernos.
Si quieres contactar con nosotros para cualquier aspecto de asesoramiento fiscal, no dudes en escribirnos a contacto@metricson.com. ¡Estamos deseando hablar contigo!