En una economía tan globalizada como la actual, no cabe duda de que uno de los retos más importantes de las autoridades y los tribunales, es la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales, amén de la batalla contra la financiación del terrorismo.
A este respecto, la legislación en la materia, en particular, en la Unión Europea, ha ido evolucionando y adaptándose a las nuevas tipologías de blanqueo de capitales hasta llegar a la actual, la llamada Cuarta Directiva Europea contra el Blanqueo de Capitales que entró en vigor el pasado 26 de junio de 2017.
En España, a pesar de que uno de los retos para 2018 es la transposición a la normativa interna de las novedades que introduce la Cuarta Directiva, nos regulan la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su Reglamento de desarrollo, el Real Decreto 304/2014.
En particular, deben cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa todos aquellos sujetos cuya actividad se encuentre descrita en su artículo 2, como entre otros, los siguientes:
a. Las entidades de crédito. Las aseguradoras.
b. Las empresas de servicios de inversión.
c. Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo.
d. Las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico.
e. Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda. Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia.
f. Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.
g. Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
h. Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles. Los abogados y procuradores. Los casinos de juego.
i. Las personas que comercien con joyas o con objetos de arte o antigüedades.
j. Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago.
k. Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar.
l. Las fundaciones y asociaciones.
Las principales obligaciones que se derivan de la normativa para los sujetos obligados son las siguientes:
1. Desarrollar y aplicar medidas de diligencia debida en relación con la aceptación de clientes, su identificación formal y real, el análisis y la naturaleza de la operación y el seguimiento continuo de la relación de negocios.
2. Desarrollo de medidas de control interno con el establecimiento de un órgano interno de seguimiento para la prevención del blanqueo de capitales, la redacción y aplicación de un manual de seguridad en PBC, y el nombramiento de un representante ante el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).
3. Obligación de detección y comunicación de operaciones sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo al SEPBLAC, así como obligación de colaborar activamente con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, ante cualquier requerimiento de información que pudieran solicitar al Sujeto Obligado.
4. Obligación de analizar y examinar las medidas de control interno anualmente por un experto externo.
Las sanciones por el incumplimiento de la normativa son severas, su importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 1 por ciento del patrimonio neto del sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la operación, más un 50 por ciento, o 150.000 euros, por lo que conviene, y ante la inminencia de la transposición de la Cuarta Directiva, que los sujetos obligados conozcan y se pongan al día con sus obligaciones en la materia.
Si crees que tu empresa puede encontrarse entre los sujetos obligados por la normativa, ponte en contacto con los especialistas de Metricson.
Artículo escrito por Noelia Mudarra, abogada en Metricson.