¿Qué es consumir?
De acuerdo con la Real Academia Española, consumir es “utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades o deseos”.
La parte de “deseos” es importante para entender el mundo en el que vivimos en tanto que, hoy en día, la ciudadanía de países con un cierto desarrollo industrial y económico ya no consume estrictamente por necesidad, sino que adquiere productos que no son esenciales. Es lo que conocemos como consumismo o sociedad de consumo.
Este consumo masivo de bienes y servicios ha requerido de una regulación que lo organizara: el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (en adelante, “Ley” o “Ley de Consumo”). De acuerdo con esta normativa, el concepto de consumo se entiende desde el prisma de los sujetos que intervienen en él. En este sentido, la Ley nos habla del vínculo jurídico que nace entre la persona que provee el bien adquirido (o el servicio prestado) y la persona usuaria que adquiere dicho bien con el objetivo de consumirlo.
En plena sociedad de consumo, sucede a menudo que, tras realizar una compra, terminamos cambiando de opinión respecto del producto que hemos adquirido. Esto puede darse porque el producto no cumple con nuestras expectativas (este aspecto se ha visto incrementado con la llegada del comercio electrónico) o, simplemente, porque hemos recapacitado y ya no queremos efectuar esa compra.
La Ley de Consumo garantiza que podamos retractarnos en nuestras decisiones de compra a través del llamado “derecho de desistimiento”. Este se define como la posibilidad del consumidor de “dejar sin efecto el contrato celebrado (…) sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase”.
La consecuencia de ejercitar este derecho es la obligación de ambas partes de restituir las prestaciones del contrato celebrado entre ellas. Esto quiere decir que el vendedor reembolsará al consumidor el importe pagado por el producto, y este último devolverá dicho producto al vendedor.
Condiciones para la validez del ejercicio del desistimiento
Como todo, para que el ejercicio del desistimiento sea válido, deberá darse en cumplimiento de una serie de condiciones:
- El usuario debe informar al empresario del desistimiento dentro de los parámetros establecidos en cuanto al tiempo y la forma.
- Para ello, el empresario tiene la obligación de informar al consumidor sobre su derecho y cómo ejercitarlo, a la hora de suscribir el contrato de compraventa (o, en su caso, prestación de servicios).
- Debe acreditarse suficientemente el deseo de desistir, por ejemplo, por medio de un documento dispuesto a tal efecto o la devolución del producto.
- El empresario no puede imponer penalización alguna al consumidor por ejercer su derecho al desistimiento. Esto se traduce en que el desistimiento no puede suponer un gasto para el consumidor. Ocasionalmente, el consumidor puede tener que encargarse de hacer frente a los gastos de distribución/transporte inherentes la devolución del producto al vendedor (siempre que haya sido previamente informado al respecto).
- En cuanto a los plazos, el mínimo contemplado por ley es de 14 días naturales desde la recepción por el consumidor del producto adquirido.
Posibles excepciones al ejercicio del derecho de desistimiento
Para terminar, cabe tener en cuenta que, en ocasiones, el cumplimiento de las recién mencionadas condiciones no es suficiente para poder desistir de una compra de forma legítima. Esto es así porque la Ley de Consumo contempla una serie de excepciones que, en caso de concurrir, imposibilitan el ejercicio de este derecho.
Concretamente, la Ley establece una distinción en los casos de contratos celebrados a distancia o fuera del establecimiento mercantil. En dicho contexto, no aplica el derecho de desistimiento:
- En el caso de la prestación de servicios, cuando el servicio ha sido ejecutado por completo.
- Cuando el precio del bien o servicio depende de fluctuaciones del mercado producidas dentro del periodo de desistimiento, sin que el empresario pueda controlarlo.
- Bienes personalizados (confeccionados conforme a las especificidades del consumidor).
- Bienes que se deterioren o caduquen con rapidez.
- Bienes precintados, no aptos para ser devueltos desprecintados por motivos de salud o higiene.
- Grabaciones (video o sonido) o programas informáticos precintados que hayan sido desprecintados por el consumidor.
- Prensa diaria, publicaciones, revistas.
- Servicios de alojamiento (distintos de vivienda), transporte, alquiler de vehículos, comida, actividades de esparcimiento.
- Contenido digital (en un soporte no material).
En conclusión, en el marco de esta nueva manera de entender el consumo, la Ley sitúa al usuario en el centro de la protección al configurar el derecho de éste a cambiar de opinión. No obstante, también tiene en cuenta al empresario cuando define ciertas limitaciones que hacen contrapeso al otro lado de la balanza.
Artículo escrito por:
Abogada especialista en privacidad, IP y contratación tecnológica
Sobre Metricson
Con oficinas en Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla y una importante presencia internacional, Metricson es una firma pionera en servicios legales para startups y empresas innovadoras. Desde su nacimiento en 2009, ha asesorado a más de 1.400 clientes de 15 países distintos, incluyendo startups, inversores, grandes corporaciones, universidades, instituciones y gobiernos.
Si quieres contactar con nosotros, no dudes en escribirnos a contacto@metricson.com. ¡Estamos deseando hablar contigo!