La Directiva Ómnibus pretende garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores en la UE
El 18 de diciembre de 2019 se publicó la Directiva 2019/2161 sobre la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE, conocida como Directiva Ómnibus.
Dicha directiva que no será aplicable en España hasta que se adopten las normas que la desarrollen, (lo cual se espera que suceda antes del 28 de noviembre de 2021), pretende garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores de manera uniforme en todos los países de la UE.
¿Qué propone la Directiva?
Para ello, propone establecer nuevas sanciones, adaptar los derechos de los consumidores al mercado digital, garantizar una mejor protección para los consumidores en relación con la prestación de servicios digitales «gratuitos» y regular la publicación de ofertas sobre reducción de precios.
A tal efecto, la Directiva se aplicará a todos los ecommerce, plataformas y marketplaces que oferten productos o servicios de forma gratuita o no a consumidores.
Establece nuevas prácticas comerciales desleales, como por ejemplo, las siguientes:
- Omitir o no facilitar información sobre si quien vende un producto u ofrece un servicio en una plataforma o marketplace es un consumidor o una empresa, o cuando se proporcionen resultados de búsquedas sobre productos y servicios ofrecidos por empresas o consumidores,
- Omitir información sobre las valoraciones u opiniones de consumidores y sobre las medidas adoptadas para verificar que han sido realizadas por alguien que ha comprado o utilizado el servicio ofertado.
- Proporcionar resultados de búsquedas de productos o servicios sin informar sobre si la realización de pagos permite obtener una mejor posición en la clasificación.
¿Qué ocurre en caso de incumplimiento?
En caso de incumplimiento, se establece un régimen sancionador para las empresas que no cumplan con las normas que deberán tener en cuenta la naturaleza, gravedad, duración y la voluntariedad o no de la infracción, así como la reincidencia, el número de consumidores afectados y las medidas tomadas por la empresa para mitigar sus consecuencias.
Por ello y en base a dichos factores, el importe máximo de las multas será de, al menos, el 4% del volumen de negocios anual de la empresa en el Estado miembro o los Estados miembros afectados.
Hay que destacar que si no se dispone de información sobre el volumen de negocios anual, el importe máximo de la sanción no será inferior a los 2 millones de euros.
En relación con la venta de servicios y contenidos digitales, la directiva establece que la normativa sobre protección de los consumidores también es aplicable a los contenidos y servicios digitales sin contraprestación económica pero en los que el consumidor debe facilitar sus datos de carácter personal, salvo que el tratamiento de los datos se realice exclusivamente para la prestación del servicio y no se traten con ninguna otra finalidad.
El proveedor de una plataforma o marketplace, además de la información que en general es necesario facilitar a los consumidores, debe informar, en particular, de forma clara, comprensible y adecuada sobre:
- si el vendedor es un consumidor o no y, en caso de que sea un consumidor, debe informar de que no es aplicable la normativa sobre consumidores;
- su responsabilidad y la del vendedor sobre el cumplimiento de las obligaciones legales derivadas del pedido que se realice;
- los criterios de clasificación de los resultados de búsquedas.
Se establece un contenido mínimo de información que es necesario facilitar al consumidor antes de la realización de un pedido.
En el caso de que el cliente ejercite el derecho de desistimiento cuando haya adquirido un contenido o servicio digital, la tienda no podrá utilizar los contenidos que hayan sido generados por el cliente al usar el contenido o servicio excepto en determinadas circunstancias y deberá facilitárselos sin costes, en un plazo de tiempo razonable y en un formato adecuado.
Finalmente, cualquier oferta que publicite una reducción de precio deberá indicar el precio más bajo que haya tenido el producto durante, al menos, el mes anterior a la fecha en que se anuncie la reducción del precio, excepto en determinadas circunstancias.
Esta Directiva tiene como fecha límite para su aplicación el 28 de noviembre de 2021.
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